117 trabajadores despedidos sin piedad, incluidos los delegados gremiales. Fue el 4 de noviembre de 2000 y, desde ese día, el matutino del grupo monopólico comunicacional en la Argentina impidió la actividad sindical. Nunca más se pudieron elegir delegados para defender a los trabajadores.
El Grupo Clarín -que evangeliza sobre su “independencia” y virtudes democráticas a través de medios gráficos, televisión, televisión paga, productoras, radios, portales digitales e interactivos, incluso ferias y exposiciones- no permite ningún tipo de libertad sindical, atenta contra el derecho de asociación e impide que los trabajadores se organicen libremente para defender sus derechos.
Aquel 4 de noviembre de 2000 los medios comerciales hicieron silencio de cementerio sobre estos despidos masivos. Nada se dijo sobre las 117 familias que de una día para el otro se quedaban sin su fuente de ingreso o sobre el ataque trapero contra el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente.
No es un hecho menor.
Es una violación a la Constitución Nacional, a los convenios internacionales y a los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El lunes 28 de marzo el diario Clarín publica una tapa blanca porque un centenar de trabajadores de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), junto a sus familiares y amigos realizaron el sábado anterior un reclamo para denunciar “persecución sindical” frente a la planta de distribución del matutino. Enumeran: falta de libertad para organizarse, quite de horas extras, suspensiones y aprietes para cercenar la actividad gremial dentro del monopolio.
La tapa en blanco vino acompañada de una super cobertura adornada con testimonios de famosos y no tanto de distintos sectores hablando de libertad de prensa, libertad de expresión, el derecho a informarnos, etcétera. Clarín con toda intencionalidad (y de la mala) se escuda en una falsa falta de libertad de prensa para vulnerar y cercenar derechos laborales.
De los derechos de los trabajadores ni una línea.
Como señaló con precisión quirúrgica el periodista cordobés Daniel Klocker -quien además puede dar fiel testimonio del maltrato laboral en el diario La Voz del Interior, perteneciente al Grupo Clarin-: “Clarín confunde deliberadamente un conflicto laboral con un ataque a la libertad de prensa y cree que está exento de cumplir con la legislación argentina en materia de representación sindical en todas sus empresas”.
Y amplia Kloker: “Este conflicto viene de mucho tiempo atrás y está vinculado al incumplimiento de la empresa en respetar los principios básicos de la libertad sindical, con otro antecedente como el de Ricardo Junghanns y Marcelo Moreira, delegados despedidos de Canal 13, que la justicia ordenó su reinstalación, pero Clarín desconoce la medida”.
Pero la operación de Clarín (ponerse en víctima, aducir ataque a la libertad de expresión y acusar al Gobierno de estar detrás de la medida tomada por los trabajadores de AGR) contó con la complicidad patética de los referentes de la oposición, que actúan como empleados del Grupo en quien depositan la fe para destronar a la presidente Cristina Fernández del poder en octubre de 2011.
Es que en la Argentina la conducción política de la oposición la ejerce una corporación empresaria que tiene una posición más que dominante en el mapa comunicacional del país y que se niega sistemáticamente a cumplir la Ley de Servicios Audiovisuales de la democracia sancionada hace ya más de un año.
Para muestra basta un botón: Clarín, que llena páginas y páginas sobre la libertad de expresión y el peligro del autoritarismo quiere que la ley de radiodifusión que rija al país sea la de 1980 sancionada por una dictadura militar genocida. Y los políticos de la oposición actúan como súbditos.
“Clarín denomina defensa de la libertad de expresión a la defensa de sus intereses económicos y de los grupos de poder que -por ejemplo- abiertamente apoyó en 2008 cuando el “campo” realizó durante tres meses un lock-out patronal, con cortes de rutas”. Dice certeramente Klocker.
Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostiene que “la protesta social es un derecho que no puede ser criminalizado” y asegura que “es absolutamente aberrante la tarea de rastrillaje de los códigos para encontrar tipos penales a los cuales embutir a la fuerza conductas de protesta social”.
“Vuelven a subir las cuotas de los colegios privados”, fue el título de tapa de Clarín del 24 de marzo, día en que se cumplieron 35 años del golpe de Estado más cruel que haya vivido el país.
Así es la realidad de Clarín.
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