Esta es la crónica de las secuelas del promocionado “milagro chileno”. El testimonio de los que padecen sus consecuencias, de los que resistieron su implementación y de los que no se rinden. La mirada de los que andan con centavos en los bolsillos, van a pie y no creen en cuentos de hadas.
Chile fue el laboratorio para la implementación del modelo neoliberal. El método: Terrorismo de Estado. Y con el golpe de Estado de Augusto Pinochet –que terminó con la experiencia socialista de la Unión Popular y la vida de su líder y presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973– el ensayo de la escuela económica de Chicago se comenzó a implementar. Sangre y fuego. Ejecuciones, desaparición, exilio y muerte. Antes de que en la Inglaterra de Margaret Thatcher o en los Estados Unidos de Ronald Reagan el modelo neoliberal diera sus primeros trotes en el sur. Bandera blanca para una economía abierta al mundo, libre mercado, privatizaciones, equilibrio fiscal, Estado subsidiario y especulación financiera. Bandera negra para los trabajadores. 4,3% de desempleo con Allende, picos de hasta 30% con Pinochet y 45% de pobreza. Y hay más: el dictador suprimió el salario mínimo, proscribió el derecho de negociación de los sindicatos, privatizó el sistema de pensión, suprimió todos los impuestos sobre riqueza e ingresos de los negocios, recortó el empleo público, privatizó 212 industrias del Estado y 66 bancos.
Pero ese “milagro” no se terminó en 1988 con el plebiscito que destronó a Pinochet o con la victoria, dos años después, de la Concertación de Partidos por la Democracia (CPD) por sobre la derecha pinochetista. El general, además de 3.000 detenidos-desparecidos, 45.000 torturados y 1.200.000 exiliados, dejó al modelo neoliberal “amarrado” en la Constitución Política del Estado.
Tan amarrado que organismos como la Cepal señalan que Chile es el segundo país más desigual del continente: más de un millón de trabajadores viven en la precariedad laboral, sin derechos ni seguridad social. Y de los 6 millones de trabajadores reconocidos por ley, negocia colectivamente sólo el 8,3%. La subcontratación para trabajos del mismo tipo por parte de la empresa principal está permitida por ley, los trabajadores subcontratados realizan iguales funciones que el resto, pero reciben hasta 40 por ciento menos de sueldo y no gozan de los beneficios de aquellos contratados por las empresas mandantes. Informan desde la Fundación Instituto de Estudios Laborales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Mujeres y jóvenes padecen en mayor grado la precariedad laboral. Existen 500 mil familias que viven sólo del ingreso de mujeres y otro medio millón cuyo ingreso es igual a la del hombre. Duro. Sin pausa. Resuena el rosario de padecimiento de los trabajadores. Decenas de trabajadores y dirigentes consultados cuentan, calcados, estos hechos.
Las exportaciones del país suben; el cobre, principal recurso de Chile, registró en el 2007 su cifra histórica. La explotación del metal tiene un dominio estatal a través de Codelco, pero la extranjerización creció. En 2006 se introdujeron retenciones al usufructo del metal pese al lobby de los empresarios y la derecha parlamentaria. Minera Escondida, controlada por el consorcio angloaustraliano BHP Billiton, obtuvo utilidades astronómicas, y sin embargo siempre ha pataleado para no pagar esas regalías. El 25 de junio de 2007 se inició una de las huelgas más importantes de los últimos años. Cerca de 30.000 trabajadores subcontratistas del cobre decidieron dejar de trabajar para exigir un trato justo por parte de Codelco. “Los trabajadores subcontratados ganan un cuarto de lo que ganan los trabajadores de planta de Codelco por las mismas funciones”, relatan desde el Departamento Jurídico de la CUT.
Aguas Claras S.A., Aguas Claras Estuario y Pesquera Unichile son todas empresas del sector salmonero con un propietario común. Estas firmas controlan directa o indirectamente a cientos de compañías que hacen distintas tareas del proceso productivo del salmón. Los trabajadores han denunciado esta situación cuyo objeto no declarado es debilitar al movimiento sindical. El presidente del sindicato de trabajadores de Aguas Claras, Benjamín Teneb, denunció que «los trabajadores pagamos el costo mayor de una irresponsabilidad por parte de la industria salmonera y por falta de fiscalización y de regulación por parte del Gobierno a esta industria». Hoy están en huelga por la amenaza de cierre. Un informe del diario “La Nación” de Chile es bastante elocuente: “En 2006 la empresa que controla a Aguas Claras registró ganancias por casi el 50% de su patrimonio. Pero en proceso de negociación colectiva, esa salmonera ofreció a sus trabajadores sólo el 5,6% de reajuste, argumentando pérdidas o magras utilidades”.
Teneb explicó: «Las utilidades de la empresa Aguas Claras y del Holding Aguas Chile no son menores. Pedimos 350 mil pesos (2.400 pesos argentinos), de los cuales 60% son de sueldo fijo y el 40%, variable, y que corresponde a bonos de producción».
En esta línea, María Rozas, vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dio otros ejemplos de esta vergonzosa práctica empresaria. “Los grandes empresas tienen cientos de razones sociales (empresas que dependen de ese holding pero tienen otro nombre, es como otra identidad legal), lo que debilita la organización gremial. Justamente en la OIT hay cientos contra los supermercados Líder, D&S, y Cencosud, Jumbo, Santa Isabel, y Las Brisas. O contra las multitiendas como Falabella o Paris, esta última porque obligó a los trabajadores a firmar un convenio colectivo sin aumento durante 8 años, una de las empresas que tienen mayores utilidades en el país. Falabella tiene 162 razones sociales, Paris, 282. Además, estas empresas y otras son las que financian los noticieros, entonces las cuestiones sindicales no existen o no están”.
Informes del Ministerio de Trabajo señala que en once plantas forestales, el número de subcontratados era superior al de los trabajadores directos: «Los trabajadores subcontratados forestales ganan remuneraciones significativamente menores que los directamente contratados (planta permanente), incluso muchas veces no recibiendo más que el salario mínimo”, dijo el ministro Osvaldo Andrade.
Sin resignación. En el primer semestre de 2006 se produjo la llamada “Revolución de los Pingüinos”. Los estudiantes secundarios realizaron movilizaciones que marcaron una bisagra en la historia del país. Se trató del primer gran conflicto que tuvo que enfrentar el gobierno de Michelle Bachelet. Los estudiantes, que empezaron con reivindicaciones sectoriales como el boleto estudiantil o mejoras edilicias, terminaron por cuestionar algunas de las bases fundamentales del neoliberalismo trasandino. Un millón de cabros (adolescentes) salieron a las calles, tomaron las escuelas y se hicieron visibles. Nacionalizaron la discusión y cuestionaron la Ley Orgánica Constitucional de la Educación promovida por Pinochet. Dos Ministros de Educación cayeron. Generaron formas de discusión y organización pluralistas y democráticas.
El tema mapuche también se hizo visible por los 112 días de huelga de hambre sostenida por la activista Patricia Troncoso, presa desde 2001, por la inexplicable aplicación de la Ley Antiterrorista, implantada durante la dictadura, en defensa de sus tierras. Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal dijo que “la situación del pueblo mapuche requiere una solución profunda basada en el respeto y el diálogo. Fuimos muy clasistas y racistas. Tenemos una deuda muy grande con ellos de varios siglos”.
Eugenio Paillalef, presidente de la Confederación Nacional de Panaderos, da cuenta de una realidad particular de su sector: “Nos vimos obligados a venir a la ciudad por las razones que están luchando en la región de Temuco, porque los grandes latifundistas se están quedando con nuestras tierras, mediante engaños, arriendos, compras fraudulentas, nosotros somos hombres de campo pero las grandes forestales nos tienen arrinconados”. Justamente el 95% de los afiliados a Conap son mapuches.
Tomando la Línea 2 del metro (subterráneo) hasta la estación Departamental y luego el colectivo 9012 se llega a la población La Victoria, en Santiago de Chile. Este barrio mitológico cumplió en 2008, 51 años. Fue una de las primeras tomas de tierras urbanas en el continente. En sus calles se respira historia: decenas de murales sobre la calle 30 de Octubre dan cuenta de la resistencia a la dictadura, de la organización territorial y de la lucha por otro modelo de sociedad. Alicia Cáceres es fundadora del poblado. Llegó aquí con 18 años y hoy es la directora del Jardín Centro Infantil y de la Biblioteca Popular: “Nuestro objetivo es la promoción y defensa de los derechos humanos. Nuestra metodología es la educación popular y el niño desde muy pequeño tiene que saber de su historia e incorporarla en su memoria y saber de nuestros mártires. Yo estoy desde la toma, llegué a los 18 años con un hijo y vinimos con mi esposo desde las faldas del Zanjón de la Aguada, porque ahí, por primera vez en mi vida, conocí lo que era la miseria y me di cuenta recién que había un sistema injusto para los pobladores y vine aquí a la toma y nunca más saqué la pata del enchufe.”
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