Cada vez que se presenta a ocupación como un problema administrativo o se busca es una solución pacífica, sale a relucir la naturalización definitiva del colonialismo. El Sáhara Occidental, como las Islas Malvinas, sigue siendo un de los territorios pendientes de descolonización.
En la Argentina, la causa saharaui tiene una fuerte presencia entre organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, aunque rara vez ocupa grandes titulares. Algo distinto ocurrió en Chile en 2024, cuando el diario La Segunda destapó un escándalo al denunciar que varios parlamentarios habían viajado a Dajla invitados por Marruecos.
La investigación reveló “recepciones que reúnen políticos, empresarios y hasta rectores universitarios; un inédito Congreso del Futuro en Marruecos y una semana dedicada a ese país en el Centro Cultural La Moneda”. La embajadora Kenza El Ghali logró conformar el grupo de amistad interparlamentario chileno-marroquí más grande de la región. Tal el poder de lobby marroquí.
En el caso argentino, aunque de manera más discreta, salió a la luz un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados por María Cecilia Ibáñez, de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, referido a la situación en el Sáhara Occidental. La iniciativa reproduce literalmente la narrativa de Marruecos impulsa internacionalmente para legitimar la ocupación del territorio saharaui y desacreditar al Frente Polisario, reconocido por Naciones Unidas como representante legítimo del pueblo saharaui.
El proyecto, bajo el aparento propósito de ser un llamado a la paz, devela la influencia de la diplomacia marroquí y su intento de transformar un conflicto de descolonización en un problema de “administración territorial” y “seguridad regional”. No se trata de un detalle semántico: Para la ONU, el Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización.
El proyecto de Ibáñez omite deliberadamente ese aspecto central y reemplaza el derecho a la autodeterminación por la idea de una “autonomía” bajo soberanía marroquí, exactamente la propuesta impulsada por Rabat para clausurar cualquier posibilidad de independencia saharaui.
Más grave aún resulta la caracterización del Frente Polisario como un “movimiento militarizado respaldado por Argelia e Irán”, reproduciendo una estrategia internacional cada vez más utilizada: criminalizar movimientos de liberación nacional presentándolos como amenazas. De ese modo, el eje del debate deja de ser la ocupación de un territorio y pasa a centrarse en la supuesta peligrosidad de quienes luchan por su emancipación, calificándolos como “grupos terroristas”.
Las organizaciones argentinas solidarias con el pueblo saharaui, junto con las dos centrales sindicales, respondieron rápidamente. Recordaron que el Frente Polisario no es una organización marginal, sino el interlocutor reconocido por Naciones Unidas en el proceso de paz. También señalaron que los campamentos de refugiados en Argelia no son producto de una estrategia política del Polisario, sino consecuencia directa de la ocupación marroquí iniciada tras la Marcha Verde de 1975 y del desplazamiento forzado de miles de saharauis.
El punto más preocupante del proyecto legislativo aparece cuando sostiene que las dificultades para realizar un referéndum habrían “zanjado en la práctica” la cuestión del territorio. Esa idea implica aceptar que el paso del tiempo puede legitimar una ocupación colonial. Es decir, transformar un hecho consumado en fuente de derecho.
Para la Argentina, además, la cuestión tiene una dimensión particularmente delicada. El país ha sostenido históricamente el principio de autodeterminación y denuncia el colonialismo británico en Malvinas. Resulta difícil sostener con coherencia esa posición mientras, desde el propio Congreso, se relativiza otro proceso colonial reconocido por Naciones Unidas. Ambas causas comparten espacio en el Comité Especial de Descolonización (C-24), órgano de la Asamblea General encargado de promover la independencia de los territorios no autónomos.
Lo que está en discusión no es solamente el conflicto saharaui. También está en juego la consistencia de la política exterior argentina y la vigencia universal de principios que el país ha defendido durante décadas en los foros internacionales.
El Sáhara Occidental sigue siendo la última colonia africana. Y cada vez que se intenta presentar la ocupación como un problema administrativo o criminalizar al movimiento que reclama la independencia, lo que se busca no es una solución pacífica, sino la naturalización definitiva del colonialismo.
Tras la presión ejercida sobre el Congreso a raíz de este proyecto, la diputada terminó retirándolo, lo que demuestra la importancia de la vigilancia y la movilización popular sobre los poderes del Estado.
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