Argentina llega al 50º aniversario del golpe más sangriento de su historia en un contexto político inquietante. Medio siglo después del más brutal terrorismo de Estado de su historia, el país conmemora aquella tragedia con un gobierno que cuestiona uno de los consensos más profundos de la democracia.

El proceso de memoria, verdad, justicia y reparación que permitió juzgar y condenar a los responsables de los crímenes de la dictadura. Más de 1.200 represores fueron sentenciados y cerca de 300 causas continúan su curso, configurando un desarrollo inédito en la historia mundial.

Entre 1976 y 1983, la dictadura militar desplegó un plan sistemático de persecución, secuestro y exterminio que dejó 30.000 detenidos-desaparecidos y medio centenar de bebés apropiados ilegalmente. Fue una maquinaria represiva destinada a eliminar a una generación militante y a disciplinar a toda la sociedad.

Mientras el gobierno ultraderechista de Javier Milei despliega abiertamente el negacionismo sobre el terrorismo de Estado —que incluye intentos por limitar los juicios de lesa humanidad e incluso indultar a los represores—, los organismos de derechos humanos lanzaron para este 24 de marzo la consigna “Que digan dónde están”. Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, lo explica con claridad: “Necesitamos que digan dónde están, porque los genocidas se van muriendo sin romper el pacto de silencio y nosotras tenemos todo el derecho de saber qué pasó. No quiero morirme sin recuperar a Alejandro (su hijo)”.

La represión desplegada hace 50 años hoy parece reproducirse en el copioso despliegue policial ante cada protesta social. Estas violencias pretenden contener el creciente desencanto provocado por la crisis económica y por un modelo que se asemeja al aplicado durante la última dictadura.

Aquel modelo económico implicó la destrucción del tejido productivo del país mediante la apertura indiscriminada de importaciones, la especulación financiera y el endeudamiento externo. El resultado fue devastador: miles de fábricas cerraron, la industria perdió su centralidad en la economía y el salario real cayó alrededor de un 40 %. Milei y dictadura se reconocen en ese espejo ignominioso. Además, ambos períodos registraron el cierre de una enorme cantidad de establecimientos industriales.

Uno de los objetivos centrales de la dictadura, como lo es hoy el de Milei, fue debilitar a la clase trabajadora. El actual gobierno impulsó una reforma laboral que representa el mayor retroceso en derechos laborales desde 1976.

Esta reforma puede interpretarse como la tercera fase de un proceso de debilitamiento de la organización obrera iniciado durante la dictadura, continuado con las reformas de los años noventa y profundizado hoy con Milei. Se trata de una ofensiva del capital contra el trabajo que lleva ya cinco décadas.

La dictadura sabía que para imponer su nuevo modelo económico era necesario quebrar el poder sindical. Suspendió así el derecho de huelga, prohibió asambleas, eliminó fueros e intervino la Confederación General del Trabajo. Sindicatos históricos quedaron bajo control militar.

Delegados, activistas y miembros de comisiones internas fueron secuestrados y desaparecidos. Se estima que cerca del 67 % de las víctimas del terrorismo de Estado eran trabajadores. Las fuerzas represivas actuaron, además, con la colaboración de sectores empresariales que señalaron a sus propios empleados como objetivos de la persecución.

Sin embargo, incluso en ese escenario de terror, la resistencia no pudo ser borrada. En 1979 se registraron al menos 188 conflictos gremiales. Ese mismo año, el 27 de abril, se realizó la primera huelga general contra la dictadura. Sus dirigentes fueron detenidos días antes del paro, pero la protesta se realizó de todos modos. El 30 de marzo de 1982, miles de trabajadores marcharon hacia Plaza de Mayo bajo la consigna “Paz, Pan y Trabajo”, en una de las demostraciones de fuerza más contundentes de la historia del movimiento obrero argentino.

La dictadura intentó disciplinar, fragmentar y destruir la organización colectiva. Incluso en la clandestinidad y bajo amenaza permanente, la clase trabajadora sostuvo la resistencia.

El “Nunca Más” no es una consigna del pasado. Es una advertencia para el presente: recordar lo que ocurrió hace 50 años no es un ejercicio nostálgico ni una disputa abstracta sobre la memoria. Es una forma de comprender cómo la violencia estatal y procesos económicos retrógrados pueden entrelazarse para destruir los proyectos populares.

Publicado en: https://www.nosdiario.gal/articulo/internacional/nunca-mais/20260323220407251189.html

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